El reciente decreto del Gobierno Nacional que establece un impuesto extraordinario al patrimonio marca un hito en la agenda fiscal de 2026. Esta obligación, nacida de la necesidad de financiar la emergencia nacional, exige que grandes contribuyentes y personas naturales con altos patrimonios realicen una revisión exhaustiva de sus declaraciones.

El reto no es solo el pago del tributo, sino la correcta valoración de los activos y la identificación de las exclusiones permitidas por ley para evitar una carga excesiva. En un entorno de cambios normativos acelerados, la precisión contable es su mejor defensa.